La prescripción de la acción penal en el delito de usurpación de profesión en Puebla
La usurpación de profesión es un delito que, a pesar de su gravedad, no siempre recibe la atención ni las sanciones proporcionales a los riesgos que genera.
Este acto ilícito afecta la confianza en las instituciones, vulnera la seguridad de las personas y pone en peligro bienes jurídicos fundamentales como la salud, la justicia y el patrimonio. Sin embargo, en muchos Estados de la República, incluyendo Puebla, las penas establecidas en los códigos penales para este delito son bajas, lo que dificulta su persecución y castigo efectivo.
Un Delito Subestimado
La usurpación de profesión se clasifica como un delito de peligro, lo que significa que no requiere un daño concreto para configurarse, sino que se basa en el riesgo inherente que representa la conducta. No obstante, la baja penalidad refleja una percepción errónea de que este delito es “menos grave” en comparación con otros ilícitos.
Por ejemplo, un falso médico puede emitir diagnósticos incorrectos, prescribir medicamentos inapropiados o realizar procedimientos riesgosos que comprometan la vida de las personas. Del mismo modo, un abogado sin cédula profesional puede llevar un caso legal de forma negligente, afectando derechos fundamentales como la libertad o el patrimonio de su cliente. A pesar de estas consecuencias potencialmente devastadoras, las penas previstas no parecen estar a la altura de la gravedad del delito.
Penas Actuales: Insuficiencia en el Estado de Puebla
En el Estado de Puebla, las penas para la usurpación de profesión son de dos meses a dos años de prisión, con multas económicas que, en algunos casos, resultan simbólicas. En comparación con otros delitos que afectan bienes jurídicos similares, esta sanción parece desproporcionadamente baja. Además, las penas cortas de prisión permiten que los responsables puedan obtener beneficios como la suspensión condicional del proceso o penas alternativas, lo que reduce aún más el efecto disuasorio del castigo.
Este marco legal también enfrenta dificultades para abordar la reincidencia, ya que un individuo puede continuar ejerciendo sin autorización en otros contextos tras cumplir una sanción mínima. Esto crea un ciclo de impunidad que pone en riesgo constante a la sociedad.
Impacto en la Sociedad
Las penas bajas no solo permiten que el delito se perpetúe, sino que también generan una sensación de desprotección en la ciudadanía. Cuando los sistemas judiciales imponen sanciones poco severas, envían un mensaje equivocado sobre la importancia de proteger los bienes jurídicos afectados. Esto es particularmente alarmante en profesiones como la medicina, la ingeniería y el derecho, donde la incompetencia puede tener consecuencias irreversibles.
Además, la falta de sanciones proporcionales desalienta las denuncias. Las víctimas pueden percibir que denunciar a un usurpador es un esfuerzo inútil si el castigo no tiene un impacto significativo. Este vacío alimenta un círculo vicioso de desinformación, riesgo y falta de justicia.
La Necesidad de Reformas Jurídicas
Frente a esta problemática, es imperativo replantear el enfoque legislativo sobre la usurpación de profesión. Las sanciones deben ajustarse para reflejar la gravedad del delito y su impacto en la sociedad. Esto incluye:
- Aumentar las penas de prisión: Establecer un mínimo de tres años y un máximo de nueve años podría ser una medida adecuada para reforzar el carácter disuasorio de la norma.
- Incrementar las multas económicas: Las sanciones monetarias deben ser proporcionales al daño potencial causado y disuasorias para los infractores.
- Imponer medidas adicionales: La inhabilitación para actividades relacionadas con la profesión usurpada y la reparación del daño son elementos que podrían reforzar la efectividad de las sanciones.
Una reforma también debe contemplar la creación de procedimientos expeditos para procesar estos casos, así como campañas de sensibilización para fomentar la denuncia y fortalecer la confianza en el sistema judicial.
Impacto de las Penas Bajas en el Plazo de Prescripción
Relación entre Penas y Prescripción
En el derecho penal mexicano, el plazo para la prescripción de un delito está directamente relacionado con la pena máxima establecida en el tipo penal correspondiente. Este plazo se calcula con base en el término de la pena máxima de prisión y comienza a contarse desde que se comete el delito o, en algunos casos, desde que cesa la conducta ilícita. En el estado de Puebla, el plazo de prescripción para el delito de usurpación de profesión es actualmente de tres años, lo que implica que, una vez transcurrido ese tiempo, el delito ya no puede ser perseguido penalmente.
Este corto periodo refleja el impacto directo de las penas bajas en este tipo de delito. Con penas de prisión que van de dos meses a dos años, el plazo de prescripción se fija en el mínimo legal, lo que dificulta que las autoridades puedan investigar y procesar estos casos antes de que prescriban.
Consecuencias de las Penas Bajas en la Prescripción
- Insuficiencia de tiempo para investigar y procesar: En muchos casos, la usurpación de profesión se detecta tiempo después de haberse cometido, especialmente cuando las víctimas tardan en identificar el daño o en presentar una denuncia. Con un plazo de prescripción de tres años, las autoridades tienen un margen muy limitado para recopilar pruebas, localizar al responsable y presentar el caso ante el juez, lo que aumenta las posibilidades de que el delito quede impune.
- Fuga de responsabilidad por parte de los infractores: Los plazos cortos permiten que quienes cometen este delito simplemente esperen a que pase el tiempo para evitar ser sancionados. Esto es particularmente preocupante en casos donde los infractores se trasladan a diferentes localidades o cambian de actividad, dificultando su localización.
- Percepción de impunidad y desprotección: Muchas víctimas desconocen los plazos legales o tardan en reconocer que han sido engañadas. Al intentar denunciar, podrían encontrarse con que el delito ya ha prescrito, lo que refuerza la percepción de impunidad y desalienta futuras denuncias.
- Falta de proporcionalidad en la protección de bienes jurídicos: Con un plazo de prescripción tan corto, se minimiza la gravedad del impacto que este delito tiene sobre bienes esenciales como la salud pública, la justicia o la seguridad jurídica. Esto contrasta con otros delitos de menor riesgo social que tienen plazos más amplios.
La Necesidad de Reformas en Penas y Prescripción
El plazo actual de tres años para la prescripción del delito de usurpación de profesión en Puebla es insuficiente para garantizar una persecución penal efectiva. Aumentar las penas para este delito no solo tendría un efecto disuasorio, sino que también extendería el plazo de prescripción, permitiendo una mejor actuación de las autoridades. Algunas propuestas clave son:
- Incrementar las penas de prisión: Elevar el rango mínimo a tres años y el máximo a nueve años ayudaría a reflejar la gravedad del delito y a extender automáticamente el plazo de prescripción.
- Ajustar el plazo de prescripción: Independientemente de las penas, se podrían establecer plazos de prescripción más largos, especialmente en delitos que afectan bienes jurídicos de gran relevancia social.
- Fortalecer los mecanismos de denuncia y seguimiento: Implementar campañas de sensibilización y protocolos que permitan actuar rápidamente tras la detección de este delito, evitando que el tiempo sea un obstáculo para la justicia.
El plazo de prescripción de tres años en Puebla para el delito de usurpación de profesión es una de las principales limitantes para su efectiva persecución penal. Este periodo, influenciado por las penas bajas establecidas, deja a la sociedad desprotegida frente a un delito que puede tener consecuencias graves. Reformar tanto las penas como el plazo de prescripción es esencial para garantizar que el sistema de justicia pueda actuar de manera efectiva y para enviar un mensaje claro de que este delito no será tolerado. Una legislación más estricta es fundamental para proteger los bienes jurídicos esenciales y restaurar la confianza en las instituciones profesionales y en el sistema legal.